El Lawfare es un uso inapropiado de los medios legales para la persecución política, la destrucción de la imagen pública y el desprestigio de un opositor político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y a sus allegados (incluidos familiares cercanos) para hacerlo más vulnerable a acusaciones sin pruebas. El objetivo es hacerle perder el apoyo popular para que no tenga capacidad de reacción. Ojo. No hay que confundir con la persecución legal de un político que comete un delito.
Aspectos fundamentales del Lawfare
En los últimos años, el Poder Judicial se ha convertido en un poderoso espacio desde el cual se pueden llevar a cabo estrategias de inestabilidad y persecución política casi sin freno, al punto que se aleja mucho del principio republicano del equilibrio de poderes. Es el único que no proviene de la voluntad del pueblo, sino de los complejos mecanismos de postulaciones y concursos, con privilegios que otros poderes no tienen. Esto le permite funcionar políticamente bajo la apariencia de un institucionalismo total.
Se argumenta que la corrupción estatal debe ser erradicada apelando a las “buenas prácticas” del sector privado, sobre la base de la eficiencia y transparencia, para superar el derroche de la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos”, apostando por la formación técnica, no política. La persecución legal de los funcionarios del gobierno se intensificó a medida que el Estado recuperó el liderazgo en los asuntos económicos y sociales, expandió el Estado y valoró la esfera pública. La corrupción, por otro lado, es la primera entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, junto a los problemas económicos.
La dinámica para construir el Lawfare
Timing político:
implica que el caso judicial, utilizado como un arma, se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiado. Se espera el momento oportuno y no cuando se tienen los indicios o las pruebas.
Reorganización del aparato judicial:
Las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios clave a “técnicos independientes”, o sea, abogados, jueces, fiscales, vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político y/o prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de éste.
El doble rasero de la ley:
Si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se “elige” seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando otros.
Medios de comunicación masivos y concentrados:
Se manejan como “periodismo de guerra” de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que fabrican y publicitan criterios sobre la corrupción como “enfermedad” irremediable del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado.
Sobre esta base, es importante transferir todo el poder posible al mercado, o sea, al sector privado y hacer buena la principal tesis de las ideas neoliberales.